Presupuesto de Miami-Dade espantó al progreso del condado

El alcalde Carlos Giménez y su equipo prorratearon entre los departamentos gubernativos de Miami-Dade el dinero público, acto al que eufemísticamente llaman “balancear el presupuesto”. Después, ellos pasaron esos cálculos a la Junta de Comisionados donde  -con maquillaje de análisis ficticios y creyón labial de legalidad-  se completó el espantajo de presupuesto que ahuyentó al progreso social de este condado, a lo menos por otro año fiscal.

Sin lugar a dudas, los fondos aprobados para el período 2014-2015 revelan que el Departamento del Tasador de la Propiedad (Property Appraiser) recibirá 3 por ciento más para salarios y 20 por ciento más para beneficios complementarios de los empleados, que incluyen bonos en efectivo, días de ausencia por enfermedad con paga y otros comprendidos en la denominación “fringe benefits”, no obstante que ese departamento tendrá siete trabajadores menos (ver enlace 1, página 177).

De igual forma, a Parques, Recreación y Espacios Abiertos (Parks, Recreation and Open Spaces) se le incrementó 7 por ciento para salarios y 16 por ciento para beneficios complementarios de los asalariados de una sección operando con 76 posiciones menos (ver enlace 1, página 170).

La argucia utilizada por el alcalde Giménez y su equipo para ocultar el despilfarro de fondos aminorando salario en algunos casos queda al descubierto cuando por otra parte se les exagera los beneficios complementarios como se verifica en el Departamento de Acción Comunitaria y Servicios Humanos (Community Action and Human Services) al que, con 24 trabajadores menos, se le redujo uno por ciento para salarios pero se le aumentó en 7 por ciento los privilegios (ver enlace 1, página 172).

Cobran mayor importancia las asignaciones de dinero para el Departamento de Obras Públicas y Manejo de Residuos (Public Work and Waste Management) al que, con 38 empleados menos que el pasado año fiscal, se le agigantaron los fondos en 116 por ciento y 154 por ciento para salarios y beneficios complementarios (ver enlace 1, página 168).

Otra incoherente decisión de los gobernantes del condado se evidencia cuando extendieron la paga en 5 por ciento y los beneficios en 23 por ciento a los trabajadores de Homeless Trust, departamento a cargo de reducir el número de indigentes en las calles de Miami-Dade, pero rebajaron en 29 por ciento los fondos para cumplir con los servicios contractuales y otras operaciones en favor de esos desamparados (ver enlace 1, página 173).

La arbitrariedad impera en el presupuesto del condado como demuestra el hecho de cerrar, por no asignación de fondos, la Oficina de Derechos Humanos y Justo Empleo (Human Rights and Fair Employment) encargada de entrenar a los funcionarios en el cumplimiento de las leyes y de procesar reclamaciones por discriminación, desempleo arbitrario y otras ilegalidades cometidas contra empleados del gobierno local (ver enlace 1, página 176).

Sin embargo la prensa local no investiga estos temas, tampoco cuestiona los errores o desmanes del gobierno y  -por lo general-  se limita a repetir los comunicados o declaraciones de los oficiales como confirma el reporte del “involuntario” equívoco hallado en el presupuesto 2014-2015 por el cual, según  editorial contenido en texto al pie de la foto, “El alcalde… reaccionó con rapidez al error cometido por uno de sus funcionarios…” (ver enlace 2).

Menos aún se trataron esos problemas en las seis reuniones públicas que, en cumplimiento de la ley estatal, tuvieron lugar en Miami-Dade antes de la aprobación del presupuesto (ver enlace 2).

Por su parte los integrantes de la Junta de Comisionados  -electos para velar por el desarrollo económico, político y social de los residentes en cada jurisdicción-  no criticaron el derroche de dinero evidente en el presupuesto del condado; no señalaron la ausencia de planes para sacar de la marginación a quienes subsisten por debajo del nivel de pobreza (19.1 por ciento según estadísticas federales, ver enlace 3); y no consideraron alguna acción de emergencia para erradicar el 6.8 por ciento de desempleo o para detener la desconocida pero galopante tasa de subempleo (part time)  imperante en el condado.

Tampoco allí se debatió sobre la creación de programas para enfrentar el alza sistemática de precios en los seguros para viviendas y vehículos de motor o el impagable precio de la electricidad causado por la codicia de la Florida Power and Light Company pero, abandonando a sus electores, los comisionados le dieron el espaldarazo al mamarracho de presupuesto confeccionado por el alcalde Giménez y su equipo.

Ahora que ese espantajo presupuestario ha sido legalmente erguido en el ayuntamiento, se puede afirmar que los funcionarios de Miami-Dade contravienen los pilares de la democracia cuando protegen el bienestar de la minoría oficialista pero al mismo tiempo ahuyentan el progreso para la mayoría de los residentes del condado.

Enlaces Relacionados:

1. http://www.miamidade.gov/budget/library/FY2014-15/proposed/volume1/FY2014-15-proposed-volume1.pdf
2. http://www.diariolasamericas.com/4842_locales/2803769_un-error-obliga-a-aprobar-de-nuevo-el-presupuesto-de-miami-dade.html
3. http://quickfacts.census.gov/qfd/states/12/12086.html

Funcionarios de Miami-Dade ganan más que los de La Casa Blanca

En acto de transparencia, el alcalde Carlos Giménez debería informar a los residentes de Miami-Dade por qué algunos empleados del ayuntamiento merecen la sobrepaga que reciben.

Los cinco empleados que ocupan cargos de sustituto (deputy) de Giménez ganan más que quienes ejercen igual trabajo para el presidente Barac Obama, información verificable en los sitios de internet del Condado Miami Dade y de La Casa Blanca (ver enlaces 1 y 2).

Hasta noviembre de 2014, los cinco suplentes del alcalde cobraron un millón 117 mil 484 dólares (ver Tabla I) lo que equivale a una paga promedio mensual de 20 mil 317 dólares per cápita, cifra superior al salario anual que recibe un trabajador agrícola o un cajero de tienda por departamentos o una manicure-pedicura o un mesero del ramo gastronómico, por citar algunos ejemplos tomados del Buro de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (ver enlace 7).

El deputy de Obama con mayor salario gana 158 mil 500 dólares por año en contraste con los 212 mil 307 dólares cobrados por el sustituto de Giménez con menor sueldo anual, cantidad que se estima ascenderá hasta 230 mil dólares cuando cobre el mes de diciembre. Por la Casa Blanca el sustituto del presidente con menor paga recibe 42,000 dólares por año.

Excluyendo planes, proyecciones y promesas de campaña, ¿qué logros reales en materia económica, política y social puede presentar Giménez y su equipo para justificar la política de salarios inflados?

El escenario de Miami-Dade no es esperanzador como quieren presentar algunos políticos a través de la prensa local, medios generalmente más enfocados en conseguir ganancias por anuncios políticos pagados que en desempeñar el rol de “vigilante del gobierno” que le confirió al periodismo el honorífico título de “cuarto poder de la democracia”.

En realidad se trata de un condado con desempleo de 6.8 por ciento (ver enlace 4) en comparación con la media nacional de 5.8 por ciento de acuerdo al Buró de Estadísticas Laborales; con 19.1 por ciento de los residentes en Miami-Dade sobreviviendo por debajo del nivel de pobreza (ver enlace 5) cuando el promedio nacional solo llega al 14.9 por ciento según el Buró del Censo de Estados Unidos y en Florida es de 15.6 por ciento.

Además, nadie sabe cuántas familias se encuentran a ras del nivel de pobreza o poco por encima del mismo pues este tipo de información no le importa a la mayoría de los funcionarios del condado, quienes se preocupan más por reelegirse u obtener mayores beneficios laborales que por realizar efectivamente el servicio público que corresponde a la posición ocupada.

También es cierto que el gobierno de Miami-Dade está marcadamente inflado como evidencia la cifra de 138 mil 800 trabajadores del condado, alrededor del 11 por ciento de la fuerza laboral sin contar los contratistas privados o “vendors” que emplea, y el dato de que hay un empleado oficial por cada 18 habitantes en la jurisdicción.

El tamaño del gobierno y sus excesos impacta directamente en contra del progreso social, esta afirmación se confirma con hechos como que en el Estado de Florida el salario promedio anual para trabajadores gubernamentales es de 47 mil 898 dólares mientras que los de Miami-Dade ganan 54 mil 635 (ver enlace 8). Si esa diferencia de 6 mil 737 dólares más por empleado se multiplica por los 138 mil 800 del condado, este simple cálculo aritmético arroja un ahorro superior a los 935 millones de dólares que bien invertidos en programas de estímulo económico como, por ejemplo, la generación de energías solar y eólica o la capacitación laboral para desempleados causarían progresos inmediatos y reales para la sociedad.

El derroche en salarios y beneficios (fringe benefits) asociado al recorte de servicios es el principal mensaje contenido en el presupuesto que el alcalde Giménez y su equipo elaboraron para el período 2014-2015 (ver enlace 3). Los gobernantes de Miami-Dade no tomaron partido a favor de la mayoría del pueblo sino que dirigen el condado en sentido contrario al principio constitucional según el que, entre otras metas, Estados Unidos de América se fundó para promover el bienestar común.

TABLA I – Lista de sustitutos (position in English: “deputy”) del Alcalde de Miami-Dade / Salario ganado hasta Noviembre 2014      

Benford, Russell P.	$ 212,307.60
Hudak, Alina T.	$ 287,104.78
Iglesias, Genaro C.*	$ 140,841.41 *
Marquez, Edward	$ 246,461.52
Osterholt, Bernard J.	$ 230,769.12
TOTAL	$ 1,117,484.43

*Genaro C. Iglesias cobró como Deputy Mayor hasta julio de 2014 cuando pasó al sector privado (ver enlace 6).

Enlaces Relacionados:

1. http://www.miamidade.gov/transparency/salaries.asp
2. http://www.whitehouse.gov/21stcenturygov/tools/salaries
3. http://www.miamidade.gov/budget/library/FY2014-15/proposed/volume1/FY2014-15-proposed-volume1.pdf
4. http://www.miamidade.gov/business/library/reports/2014-08-labor-market-snapshot.pdf
5. http://quickfacts.census.gov/qfd/states/12/12086.html
6. http://www.miamiherald.com/news/local/community/miami-dade/article1976701.html
7. http://www.bls.gov/oes/current/oes_nat.htm
8. http://edr.state.fl.us/content/area-profiles/county/MiamiDade.pdf

Entities and perverse officials in Miami Dade County (part I)

When the employee e #305998, Nadia Rodríguez, went to the Human Resources Office of Public Housing & Community Development (PHCD) of Miami Dade County on January 9, 2013 to investigate why she was been fire (see letter of dismissal) form her employment, the Human Resource Manager – Michael Anderson – replayed: “If your supervisor does not like the color of your hair, the necklace you wear or your nail polish, she can through you out on the street. Also you’re on probation”. 

That degrading treatment took place in the presence of the Director of PHCD, Jeannie Mendoza, who keep silent and therefore became complicit in it.

The human rights of Ms. Rodriguez, a Cuban immigrant and an American citizen, who held the position of Assistant Manager in PHCD, were violated by the officer Anderson in the same ways that are violated in undemocratic countries such as Cuba.

Rodriguez’s supervisor, who’s named Leshia E. Elie, was the manager of Centralized Maintenance Crew (CMC), for PHCD Department in charge of the repairs and maintenance more than 9,000 homes for low-income residents. CMC operates with a mix of federal funds and properties taxes funds. After Rodriguez reported her unfair dismissal, Elie was quickly retired and received a final check for more than $ 30,000 dollars (see the last payment proof). 

On the other hand, the supposed experts’ specialists (plumbers, electricians and air conditioning technicians) that the Manager Elie managed were relocated in the county three regions of public housing.

Why I say “supposed experts” referring to those county’s employees? Because Rodriguez found that most (14 of 16) do not possess the required licenses by state law to practice these specialties of the construction sector, but contradictorily they receive salaries above the national average according to information obtained on the website of the US Labor Department.

Rodriguez reported and disagreed with the double standards contained in the legislation regulating those professions because it establishes that the government workers (both at the state and county levels) are exempt from possessing the above-mentioned licenses to exercise these professions. However, the construction technicians eventually hired by the county (called vendors) are requiring having these licenses by the Ordinance of the Commissioners of Miami Dade. Also, in the private sector have to own specialists licensing and corporations who do not work for the government are under penalty of arrest, fine and lifetime invalidation of those licenses from the State.

The definitions for these laws are found in popular saying: “Do what I say and not what I do”. State legislators should correct this law inequality to do justice for the goddess of the sword and the balance before embarrassed by so much arbitration, flee from Florida in a raft.

But the case of Nadia Rodríguez worsened when – after been fire from her employment- Managers Elie and Anderson joined with Jerrod Neal a county specialist in the labor administration, and the three lashed out against Rodriguez to take the little money that the government assist her until she gets another job (the unemployment). To make this act of cruelty and abuse of power, officials appealed (read the appeal) to the Department of Economic Opportunity (DEO for its acronym in English). The alleged reason to economically ruin Rodriguez was that she supposedly didn’t do the required work by her employer as it reads on the appeal.

The officials Elie, Anderson and Neal did not taken into account that in the State of Florida are still efficient and free of corruption entities like the DEO, whose main office are in Tallahassee.

Luckily for Rodriguez the DEO has legal procedures that give to the parties on dispute the possibility of presenting their evidence to then make an oral hearing (hearing) by phone during which statements are recorded, then processed the information obtained in this procedure to finally issue a decision on which the DEO confers a right of appeal for those who are not in accordance with the same.

The decision that the DEO issued concerning Rodriguez’s case, reads: “The claimant (Ms. Rodriguez) attempted to perform her job duties as required… The claimant acted reasonably as an assistant manager… The claimant was trying to perform the job efficiently and properly… the claimant was discharged for reasons that do not meet the statutory definition of misconduct”. DEO gave Rodriguez justice (read decision to DEO pg1 / pag2 / pag3) and didn’t remove her monetary assistance by law.

Although, the law gives 20 days to appeal in writing the decision of the DEO, PHCD corrupt officials did not dare to use that right because they do not have what or how to refute the evidence and testimony presented by the former county employee.

But a singular incident took place during the oral hearing by phone with the DEO. When the State Official Terry Shine was listing to Nadia Rodriguez’ testimony, she received 17 anonymous calls (with blocked identity) in the cell from which speaking with the officer of the state. Obviously, the reason for those 17 calls was sabotaging Rodriguez’s statements trying to distract her, and at the same time trying to vitiate the official recording with the ringer of the incoming calls.

Days later, Ms. Rodriguez asked her telephone provider service (Metro PCS) a report of the calls and see who anonymously harassed her ,during the oral hearing with the DEO, couldn’t hide the number from Metro PCS from which made 17 calls (see report of calls pg1 / pag2 / pag3). The phone from where those harassments against Nadia Rodríguez occurred is 305-905-4774. Then, Rodriguez searched for the owner of that phone on 411.com services, and surprise! The cell number belongs to the CMC Manager Leshia E. Elie (see evidential document), the officer who unfairly fire Rodriguez in collaboration with Anderson, Neal and the complicity of Mendoza.

In the second part of this research work we will proof how Rodriguez was discriminated for her national origin and race, among other revelations of corruption in Miami Dade. We will also reveal how Rodriguez was reporting serious working problems in CMC to her supervisors and other irregularities that caused really fire from her employment.

Before concluding, I should mention the impunity in which officials’ abuse of power like Leshia E. Elie, Michael Anderson, Jerrod Neal and Jeannie Mendoza; they receive extraordinary benefits for their bad work. For example, wages in 2012 of  Elie, Anderson and Neal exceed the fifth part of a million dollars (exactly: $202,926.61) and in 2013 them three wages $202,979.15 according to the transparency of the Miami Dade County website. The wages given to Jeannie Mendoza I could not confirm because according to that website in the same position appears the name Arlina I. Mendoza with an annual salary exceeding one hundred thousand dollars in 2013. Could Jeannie and Arlina be the same person?

Called the attention that Rodriguez has asked for justice from the PHCD director Gregory (Gregg) Fortner (see request), the County Mayor Carlos Gimenez, the Miami Dade General Inspector and to the Office of Human Rights and Fair Employment of the county but neither officials nor entities have done absolutely nothing for Nadia Rodriguez, as of now.

Therefore, in this case the slogan of the county “Delivering Excellence Every Day” is incongruent with reality, is like a look of horror in the face of a clown who acts at a children parties.

Entidades y funcionarios perversos en el condado Miami Dade (Parte I)

Cuando la empleada e#305998, Nadia Rodríguez, se presentó el 9 de enero de 2013 en la oficina de recursos humanos de Public Housing and Community Development (PHCD) del Condado Miami Dade para indagar por qué la echaban del empleo (ver carta de despido), el administrador de esa entidad –Michael Anderson- le contesto: “Si a tu supervisora no le gusta el color de tu pelo, el collar que usas o el color de tu pintura de  uñas, ella te puede echar a la calle. Además, tú estás en período de prueba”. 

Ese trato degradante ocurrió en presencia de la directora de los administradores de PHCD, Jeannie Mendoza, quien guardo silencio y por tanto se convirtió en cómplice del mismo. 

Los derechos humanos de la señora Rodríguez, inmigrante cubana y ciudadana estadounidense, quien ocupaba en PHCD la plaza de asistente de administradora, fueron violados por el funcionario Anderson de la misma forma que se violan en países antidemocráticos como Cuba.

La supervisora de Rodríguez, quien se nombra Leshia E. Elie, era la administradora de Centralized Maintenance Crew (CMC), departamento de PHCD a cargo de reparar y dar mantenimiento a más de 9 mil viviendas para residentes de bajos recursos. CMC opera con una mezcla de fondos federales y provenientes del impuesto sobre las propiedades. Después que Rodríguez denunció su injusto despido,  Elie fue retirada rápidamente y recibió un cheque final por más de 30 mil dólares (ver prueba del último pago). 

Por otra parte, los supuestos especialistas (plomeros, electricistas y técnicos de aire acondicionado) que la administradora Elie dirigía fueron reubicados en las tres regiones del condado donde radican esas viviendas públicas. 

¿Por qué digo “supuestos especialistas” al referirme a esos empleados del condado? Porque Rodríguez descubrió que la mayoría (14 de 16) no poseen las licencias requeridas por ley estatal para ejercer esas especialidades del sector de la construcción pero, contradictoriamente, ellos reciben salarios por encima de la media nacional según información obtenida en la página de internet del Departamento del Trabajo Estadounidense.

Rodríguez denunció y discrepó del doble rasero contenido en la legislación que regula esas profesiones porque la misma establece que los trabajadores del gobierno (tanto a nivel estatal como condal y otros) están exentos de poseer las mencionadas licencias para ejercer esas profesiones. Sin embargo, a técnicos de la construcción contratados eventualmente por el condado (los llamados vendors) se les exige que tengan esas licencias por ordenanza de los comisionados de Miami Dade. También tienen que poseer licencias los especialistas y corporaciones del sector privado que no trabajan para el gobierno so pena de arresto, multa e invalidación de por vida para obtener uno de esos permisos del estado. 

La definición para esas leyes del embudo se encuentra en el decir popular: “Has lo que yo digo, y no lo que yo hago”. Los legisladores estatales deben tomar carta en este oscuro asunto para hacerle justicia a la diosa de la espada y la balanza antes que ella, avergonzada por tanta arbitrariedad, huya de la Florida en balsa. 

Pero el caso de Nadia Rodríguez empeoró cuando  -luego de echarla del empleo- los administradores Elie y Anderson se unieron a Jerrod Neal, especialista del condado en administración del trabajo, y los tres arremetieron contra Rodríguez para quitarle el poco dinero con que el gobierno la asiste hasta que ella consiga otro empleo (el llamado unemployment). Para llevar a cabo este acto de ensañamiento y abuso de poder, esos funcionarios apelaron (lea la apelación) al Departamento de Oportunidad Económica (DEO por sus siglas en inglés). La presunta razón para arruinar económicamente a Rodríguez fue que ella supuestamente no realizaba los trabajos requeridos por su empleador como se lee en la apelación.

Los funcionarios Elie, Anderson y Neal no tuvieron en cuenta que todavía en el estado de Florida existen entidades eficientes y libres de corrupción como el DEO, cuya sede se encuentra en Tallahassee. 

Por suerte para Rodríguez el DEO tiene procedimientos legales que dan a las partes en litigio la posibilidad de presentar sus pruebas documentales para luego efectuar una vista oral (hearing) por teléfono durante la que se graban las declaraciones, después se procesa la información obtenida en ese procedimiento para finalmente emitir una decisión sobre la que el DEO confiere derecho de apelación para quien no esté de acuerdo con la misma. 

En la decisión que el DEO emitió referente al caso de Rodríguez, se lee: “La reclamante (o sea la señora Rodríguez) intentó realizar sus deberes laborales como es requerido… La reclamante actuó razonablemente como una asistente de administrador… La reclamante estuvo tratando de realizar eficiente y propiamente el trabajo… la reclamante fue desempleada por razones que no están contenidas en la definición legal de mala conducta relacionada con el trabajo”. El DEO le hizo justicia a Rodríguez (lea decisión del DEO pag1 / pag2 / pag3) y no le quitó la asistencia en dinero que establece la ley.

No obstante que legalmente habían 20 días para apelar por escrito la decisión del DEO, los funcionarios corruptos de PHCD no se atrevieron a usar ese derecho porque ellos no tienen con qué ni cómo refutar las pruebas y el testimonio presentados por la ex empleada del condado. 

Pero un hecho singular ocurrió durante la vista oral por teléfono con el DEO. Cuando la funcionaria estatal  Terry Shine escuchaba el testimonio de Nadia Rodríguez esta recibió 17 llamadas anónimas (o sea con identidad bloqueada) en el celular desde el que hablaba con la oficial del estado. Obviamente, el motivo de esas 17 llamadas fue sabotear las declaraciones de Rodríguez tratando de distraerla y al mismo tiempo tratando de viciar la grabación oficial con el timbre de las llamadas entrantes. 

Días después la señora Rodríguez le pidio a su proveedor de servicio telefónico (Metro PCS) un reporte de llamadas y descubre que quien la hostigó de forma anónima durante la vista oral con el DEO no podía ocultarle a Metro PCS el número desde el cual hizo las 17 llamadas (ver reporte de llamadas pag1 / pag2 / pag3). El teléfono desde donde se produjeron esos acosos contra Nadia Rodríguez es el 305-905-4774. Posteriormente Rodríguez buscó al dueño de ese teléfono a través del servicio 411.com y, ¡sorpresa!, el número pertenece al celular de la administradora de CMC Leshia E. Elie (ver documento probatorio), la funcionaria que echó injustamente a Rodríguez de su empleo en contubernio con Anderson, Neal y la complicidad de Mendoza. 

En la segunda parte de este trabajo investigativo probaremos como Rodríguez fue discriminada por su origen nacional y raza, entre otras revelaciones de corrupción en Miami Dade. También revelaremos como Rodríguez estuvo reportando a sus superiores graves problemas de trabajo en CMC y otras irregularidades que realmente causaron la echaran del empleo.

Antes de concluir debo señalar la impunidad con que abusan del poder funcionarios como Leshia E. Elie, Michael Anderson, Jerrod Neal y Jeannie Mendoza. Ellos reciben beneficios extraordinarios por su mal trabajo. Por ejemplo, los salarios en 2012 de Elie, Anderson y Neal sobrepasan la quinta parte de un millón de dólares (exactamente: $202,926.61) y en 2013 ellos tres ganaron $202,979.15 según la página Transparencia del sitio web del Condado Miami Dade. La paga que recibe Jeannie Mendoza no la he podido confirmar porque según esa página de internet en el cargo que ella ocupa aparece el nombre Arlina I. Mendoza con un salario anual superior a los cien mil dólares en 2013. ¿Jeannie y Arlina serán la misma persona?

Llama la atención que Rodríguez ha pedido justicia al director de PHCD Gregory (Gregg) Fortner (ver petición), al alcalde del condado Carlos Giménez, al inspector general de Miami Dade y a la oficina de derechos humanos y justo empleo del condado pero ni funcionarios ni entidades han hecho absolutamente nada por Nadia Rodríguez hasta ahora.

Por lo tanto, en este caso el slogan del condado “Entregando excelencia cada día” es incongruente con la realidad, es como una mueca de horror en la cara de un payaso que actúa en fiestas de niños.